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¿Es suficiente reformar la Ley de Contratación Pública sin abordar la corresponsabilidad de todos los actores en la lucha contra la corrupción?

>> 20 de Marzo

Desde hace ya algunos meses en la Asamblea Nacional de Ecuador se encuentra en proceso de discusión del “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”, en la comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Hace poco tuve acceso al primer Informe para el Primer Debate del Proyecto de Ley  y destaca algunos de los problemas estructurales que  permitirán la persistencia de la corrupción en la contratación pública, esto partiendo de que  se reconoce que la Ley Anticorrupción no ha tenido el impacto esperado y que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ha demostrado ser poco eficaz en la persecución de delitos económicos. Sin embargo, la reforma no profundiza en un aspecto clave: la corresponsabilidad del sector privado y del sector público en la prevención de la corrupción.

Desde un enfoque de compliance y gestión de riesgos, es evidente que mejorar los controles en los procesos de contratación pública es necesario, pero no suficiente. La corrupción no ocurre en el vacío; es el resultado de fallas en el diseño del sistema, incentivos perversos y una falta de corresponsabilidad entre las partes involucradas. No basta con fortalecer la supervisión de los contratos, sino que se debe garantizar que los proveedores del Estado también sean responsables de cumplir con estándares de integridad, transparencia y ética empresarial.

Implementar programas de compliance obligatorios para empresas que participen en licitaciones públicas, asegurando la debida diligencia en prevención de corrupción y conflictos de interés, algo que reiteradamente he defendido. Tal vez no todos los procesos, pero si en aquellos donde la “gestión de riesgos lo amerite”.

La reforma menciona la necesidad de controles más efectivos, pero sin un enfoque de prevención que abarque toda la cadena de contratación, el problema persistirá. La debida diligencia a proveedores y la transparencia en procesos deben ser parte de los requisitos mínimos, a esto le debemos sumar un régimen sancionador más eficiente para las empresas involucradas en corrupción en la contratación pública, incluyendo inhabilitaciones y sanciones económicas disuasorias reales.

La lucha contra la corrupción debe ir acompañada de un entorno seguro para que los procesos de contratación pública sean transparentes, el problema de la corrupción en la contratación pública no es solo una cuestión de normativas y controles estatales. Es un problema sistémico que requiere la colaboración activa del sector privado, organismos de control y la sociedad civil. Si no abordamos la lucha contra la corrupción como una responsabilidad compartida, seguiremos implementando reformas que, como la Ley Anticorrupción, se quedan en el papel sin un impacto real.

 

Fuente: worlcomplianceassociation.com

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